“Aún hay tiempo para corregir”: Cuestionan contradicción del Gobierno por norma de retiro forzoso en el Estado. 

Nota en El Mercurio sobre la Ley de los 75 años, que obliga al retiro de los funcionarios públicos mayores de esa edad.

Un año después de su aprobación, la modificación legal que establece un retiro forzoso de sus labores a todos los funcionarios públicos aquellos de universidades estatales a los 75 años sigue recibiendo críticas.

Esta disposición fue impulsada por el Ministerio de Hacienda, que por entonces lideraba Mario Marcel, en la Ley de Reajuste al Sector Público del año pasado. En ese momento, el Ejecutivo argumentó que «la gestión pública se ve resentida por el envejecimiento del personal». Sin embargo, las señales recientes del Ejecutivo dan cuenta de una preocupación creciente por el acelerado envejecimiento de la población que, desde la mirada de los expertos, entra en conflicto con esta limitación.

La norma cuenta con el apoyo de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), pues vino a complementar el «incentivo al retiro» impulsado desde la organización en las mismas tratativas, donde se consagró un aporte monetario para todos aquellos mayores de 65 años en el sector público que opten por renunciar a sus labores.

Las estimaciones del Cipem (Centro de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores) UDD-Los Héroes en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cifran en 1,2 millones a las personas de 75 años y más en Chile, lo que equivale al 5,8% de la población nacional. De este grupo, un 8,1% forma parte de los ocupados, y unos 3.400 se desempeñan en el sector público.

Señales opuestas

Si bien hubo acuerdo con el Congreso para incorporar esta disposición el año pasado, justo en la antesala de una nueva negociación del reajuste salarial para los trabajadores del Estado, el Presidente Gabriel Boric reabrió el debate tras comprometerse a hacer una excepción en el caso de las universidades, tras el reclamo de la rectora de la U. de Chile, Rosa Devés, sobre el impacto en la autonomía de la casa de estudios.

No solo eso, el Gobierno también sugirió impulsar «un debate responsable» sobre el aumento en la edad legal de jubilación — actualmente en 60 años para mujeres y 65 para hombres —, a la luz de las más recientes proyecciones que confirman el acelerado cambio demográfico en el país.

“(La ley) dice que a los 75 me tengo que ir a mi casa me guste o no (…). Ahora proponen postergar la edad de jubilación», cuestionó el bibliotecario documentalista de una universidad pública Pedro Calandra (63 años), que en una carta enviada a «El Mercurio» se preguntó: «¿Me jubilo o no?».

Retiro forzoso

Una contradicción similar observa Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor UC, que si bien destaca la apertura a esta discusión, advierte que será insuficiente retrasar la edad de jubilación sin considerar otros cambios en el sistema y, sobre todo, sin implementar políticas públicas en el área laboral para mayores de 50 años. En este sentido, resulta absolutamente contradictorio con el retiro forzoso de los funcionarios mayores, más aún considerando que ministros, subsecretarios y otros funcionarios de confianza no tienen esa obligación».

Toro también alude a la flexibilidad ya mostrada por el Presidente Boric en el caso de la U. de Chile, y sugiere: «Aún hay tiempo para corregir. La discriminación por edad es anacrónica (…). A pocos meses de terminar su mandato, lo invitamos a no ser parte del mismo argumento por el cual a él también se lo ha estigmatizado”.

Mauricio Apablaza, director del Cipem, añade que «la diferencia entre una edad de jubilación fija en el sector público y otra más baja pero no obligatoria en el sector privado produce confusión (…)». En ese sentido, plantea que el «dilema de fondo, sin embargo, no es definir una edad ‘correcta’ de jubilación, sino asegurar que las personas, independientemente de su edad, puedan participar en el mercado laboral si así lo desean y sus capacidades son reconocidas». 

A modo de ejemplo, detalla, «un trabajador manual con desgaste físico no tiene las mismas posibilidades de prolongar su vida laboral que un profesional con mayor capital humano. Por ello, cualquier reforma debe incluir flexibilidad». 

Debate postergado

En el Congreso hay apertura a discutir este tema, pero ven complejo poder concretar avances durante el poco tiempo que a la administración actual le queda en el Gobierno, y ven que el reajuste salarial del sector público no es la mejor instancia para revisiones. En la comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado Carlos Bianchi (independiente-PPD) sostiene que «la discusión en sí es un tema demasiado relevante para que tenga que camuflarse y entrar en una discusión que va a ser rápida. 

Sobre el problema de fondo en torno al retiro forzoso, el legislador asegura que «es un tema demasiado relevante, por la pérdida de profesionales tremendamente destacados, activos, intelectuales de primer nivel, que tengan que abandonar todo el aporte público que han venido haciendo desde, por ejemplo, las universidades… A mí me parece que esto debió haberse pensado antes». 

Opina que la marcha atrás del jefe de Estado instala un mensaje, pero no se hace cargo de la controversia: «El gobierno ha dejado de gobernar y va a comenzar a administrar. En los tres meses que quedan de esta administración, ¿es posible discutir algo tan relevante como esto? No hay espacio para eso».

Desde la oposición, el diputado Frank Sauerbaum (RN) añade que esto merece una discusión más profunda, pero en este caso particular puede ser considerado para el próximo año y darnos tiempo para discutirlo como sociedad». Eso sí, cree que más allá de esta norma, el tema del envejecimiento «se trata de una política de Estado, junto a la de incentivos a la natalidad. Quizás tarde o temprano se eleve la edad de jubilación, pero debe ser en un proceso gradual de al menos 5 años y además acompañado de medidas de protección al empleo de los mayores de 65».