Nota en prensa: Ley Integral de las Personas Mayores, un marco legal para la vejez
Publicado marzo 19, 2026
Autor Conecta Mayor
Este jueves 19 de marzo, Diario Concepción publicó un artículo sobre la Ley Integral de Personas Mayores, luego del retiro del veto presidencial al proyecto, que dejó la iniciativa ad portas de su promulgación. A continuación puedes leer la nota completa.
Tras retiro de veto presidencial
Ley Integral de las Personas Mayores: posible promulgación abre debate sobre su aplicación
El retiro del veto presidencial al proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno dejó la iniciativa en condiciones de ser promulgada, cerrando así un proceso legislativo que se extendió por cerca de cinco años.
La normativa, ingresada por el Ejecutivo durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, y aprobada por unanimidad en el Congreso, busca establecer un marco general para abordar el envejecimiento en Chile.
La ley propone un cambio de enfoque en la manera en que el Estado se relaciona con las personas mayores, pasando de una lógica asistencial a una basada en derechos.
En ese sentido, reconoce a este grupo como sujeto activo dentro de la sociedad, con capacidad de decisión, participación y aporte, en un contexto marcado por el acelerado envejecimiento de la población.
Entre sus contenidos, la norma establece la obligación estatal de diseñar e implementar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, promoviendo la coordinación entre distintos servicios, como salud, vivienda y desarrollo social. Asimismo, contempla una serie de derechos específicos vinculados a la autonomía, la dignidad y la no discriminación.
Uno de los ejes que aborda la ley es el ámbito laboral, reconociendo la posibilidad de que las personas mayores continúen trabajando si así lo desean.
En ese marco, se promueven modalidades de trabajo flexible y condiciones que permitan compatibilizar la actividad laboral con las necesidades propias de esta etapa de la vida, destacando el rol del empleo como espacio de participación.
Causas del veto
Sin embargo, durante la tramitación del proyecto surgieron cuestionamientos respecto de algunos aspectos de su redacción, particularmente en materia laboral.
De acuerdo con lo que se planteó en ese momento, desde distintos sectores se advirtió que ciertas disposiciones podían presentar vacíos o ambigüedades que requerían mayor precisión normativa, lo que finalmente derivó en la presentación de un veto por parte de la administración del expresidente Gabriel Boric.
En ese contexto, según se expuso durante el debate legislativo, las dudas apuntaban principalmente a la forma en que estas normas podrían aplicarse en la práctica. En particular, se planteó que, dependiendo de su implementación, podrían abrirse escenarios eventuales de menor estabilidad para personas mayores que optaran por seguir trabajando, especialmente en materias como la continuidad de los ingresos, la regularidad de las cotizaciones previsionales y las condiciones de contratación.
Pese a estas observaciones, el actual Ejecutivo optó por retirar el veto sustitutivo, argumentando que la iniciativa ya contaba con un amplio consenso político tras su aprobación unánime en el Congreso.
En esa línea, desde el Gobierno se ha señalado que la ley permitirá avanzar en el reconocimiento de derechos y en la generación de oportunidades para las personas mayores, en un contexto de acelerado envejecimiento de la población.
Así, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Midesof) destacó que la normativa incorpora medidas de protección laboral y promueve modalidades de trabajo flexible, enfatizando que el empleo, cuando es voluntario y se desarrolla en condiciones adecuadas, no solo constituye una fuente de ingresos, sino también un espacio de participación y autonomía para las personas mayores.
«En un país que envejece aceleradamente, contar con un marco legal moderno es una condición básica para construir políticas públicas sostenibles, inclusivas y equitativas entre generaciones», expresó la ministra del Midesof, María Jesús Wulf, quien además adelantó que la próxima semana se reunirá con diversas organizaciones sociales vinculadas, con el fin de informarles sobre los alcances de la medida, y el enfoque que la cartera le dará a su implementación.
Dentro de este escenario, la presidenta de la Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las Personas Mayores, Soledad Carvacho, valoró que Chile haya ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aunque enfatizó la necesidad de contar con una ley integral que la complemente y le dé sustento en el plano interno. A su juicio, es precisamente este tipo de normativa la que permite «darle cuerpo» y definir de manera concreta cada uno de esos derechos.
Visiones ante el nuevo escenario
Desde el ámbito experto, el director de Desarrollo de la Fundación Conecta Mayor UC, Fernando Merino, valoró el retiro del veto presidencial, señalando que «por fin se podrá saldar una deuda con las personas mayores«, tras años de tramitación.
A su juicio, la norma permitirá contar con «un marco legal respecto a la vejez y el envejecimiento«, aunque advirtió que aún existen «espacios de mejora» que deberán abordarse.
En materia laboral, el especialista evitó hablar de riesgos directos, pero sí marcó un principio clave: «Lo fundamental en esta discusión es que no exista discriminación por edad en la esfera de lo laboral».
En esa línea, sostuvo que quienes continúen trabajando «lo deben hacer en un marco de respeto y equidad», enfatizando además que no deberían existir diferencias en aspectos como el salario mínimo.
Asimismo, recalcó que el verdadero desafío se trasladará ahora a la implementación. «Es esencial que se establezcan plazos claros y concretos para la dictación del reglamento«, advirtió, junto con la necesidad de asegurar recursos adecuados.
Merino planteó que se debe evitar «tramitaciones eternas» que terminen retrasando la aplicación efectiva de una ley que ha sido largamente esperada.
Entre las prioridades, Merino apuntó a medidas concretas como el fortalecimiento de la inclusión digital y la generación de espacios de educación continua.
«Estrechar la brecha digital de este grupo etario es una necesidad urgente», sostuvo, subrayando que estos avances son clave para favorecer la autonomía y la integración social en un país que envejece aceleradamente.
A ello agregó que la implementación también abre una oportunidad de fondo: «Esta legislación permite tener un espacio consensuado para entrar en discusiones más profundas en materia de vejez».
En ese sentido, enfatizó que la participación de la sociedad civil será determinante para que las futuras políticas públicas se ajusten a la realidad de las personas mayores y no queden solo en el plano normativo.
